Una destitución en el Gabinete alteraría la coordinación del Ejecutivo con el Congreso en un momento en que cada votación cuenta. Si el Gobierno logra desactivar la ofensiva por vía negociada, deja en claro que la mayoría parlamentaria sigue siendo la variable que define la gobernabilidad. Pero cada concesión que se haga para retener al funcionario tendrá un costo político que alguien después deberá pagar.