Si la audiencia confirma que hubo permisos otorgados sin los controles exigidos, el caso podría derivar en la suspensión de los desmontes en curso y en responsabilidades para funcionarios provinciales. En juego están bosques nativos que sostienen el régimen de lluvias y el hábitat de comunidades rurales y pueblos originarios de la región. La resolución del 3 de noviembre será el primer indicio concreto de cómo la Justicia responde a este tipo de autorizaciones.