Los centros de datos consumen enormes cantidades de electricidad y agua, y muchas comunidades empiezan a preguntarse quién se queda con esos costos y quién con los beneficios. Que 29 jurisdicciones tomen decisiones en la misma jornada indica que el rechazo ya no es un caso aislado. Para las empresas que apuestan a la inteligencia artificial, cada municipio que cierra la puerta es un obstáculo que se suma al costo de expansión.