El pedido condiciona cualquier negociación entre Washington y La Habana a una amnistía amplia y a la eliminación del delito de disenso, lo que pone sobre la mesa el costo político de sentarse a dialogar sin esas garantías. Para los firmantes, el diálogo sin liberaciones sería una legitimación del encierro de opositores. Para el régimen y para Estados Unidos, la discusión define qué margen de maniobra tendrán en una negociación que lleva décadas trabada.